Con profundo dolor y rabia, como colectiva feminista Resueltas del Valle, expresamos nuestras condolencias y solidaridad con la familia, amistades y comunidad afectada por el asesinato de Camila, una pérdida que no debió ocurrir y que refleja, una vez más, la violencia sistemática y estructural que enfrentamos las mujeres en esta región y en todo el país, y sobre todo deja al desnudo un sistema de protección que no funciona.
El femicidio de Camila se pudo evitar, Camila confió en el sistema de protección, siguió todos los pasos para denunciar a su agresor. Raúl Contreras Jeraldo, quien tenía una denuncia desde julio de este año. Pese a la denuncia, Raúl Contreras circulaba libremente por el centro de Freirina, evidenciando la falla de un sistema de protección que debería haber resguardado su vida. Este crimen no es un hecho aislado. Es una expresión brutal de una sociedad misógina y un sistema judicial que actúa con negligencia y falta de interés frente a la violencia de género. Como mujeres y como comunidad, sentimos la impotencia y la indignación ante el desamparo y la revictimización que enfrentan tantas mujeres en situación de riesgo. No podemos seguir confiando en instituciones que, en lugar de protegernos, perpetúan el abuso y la violencia que intentamos denunciar. Es tanta la desidia que el fiscal a cargo llegó sobre las 18.00 para poder realizar las pericias, dejando el cuerpo de la víctima durante horas en el lugar que fue encontrada.
A esta indignación se suma la contradicción que vivimos bajo un gobierno que se autodefine feminista, pero que ha fallado en tomar acciones contundentes para garantizar nuestra seguridad y dignidad. ¿Qué sentido tiene proclamarse feminista cuando seguimos observando negligencia y omisiones en casos tan graves como el de Camila? No es la primera vez que el sistema nos falla. La falta de respuesta y acción efectiva nos hace cuestionar a un gobierno que dice defender los derechos de las mujeres, mientras en la práctica se queda en palabras vacías. Si las autoridades no pueden actuar con celeridad y firmeza ante casos de violencia de género, se convierten en cómplices de un sistema que sigue tratando nuestras vidas como secundarias, como lo hizo el senador Macaya con su padre pedófilo condenado por abusar de niñas, y culparlas a ellas por ser «agrandadas». Las feministas tenemos memoria política, y no olvidamos.
Agradecemos el coraje de quienes, al reconocer al agresor, intervinieron para exigir la acción de la policía, cuyo esfuerzo fue mínimo y tardío. Fue el llamado y la presión de la ciudadanía lo que impulsó el actuar de Carabineros, quienes parecían ajenos a la gravedad de la situación.
Es urgente exigir un cambio profundo en el sistema judicial y en los protocolos de protección. Necesitamos fiscales y autoridades que respondan con prontitud y sensibilidad a los casos de violencia de género, que trabajen en conjunto con nosotras para construir un territorio realmente seguro para las mujeres y disidencias. La consigna “Atacama no es territorio seguro para las mujeres” no es una exageración; es una realidad que vivimos las mujeres y niñas día a día.
Hoy nos enfrentamos a una nueva pérdida que nos une en el dolor y la rabia, pero también en la esperanza de rearticularnos y fortalecernos como red de apoyo. Nos abrazamos como comunidad de mujeres, dispuestas a sostenernos y a convertir esta rabia en acción, en memoria, y en una exigencia incansable de justicia y seguridad.
Extendemos nuestra solidaridad a la familia de Camila y a todas aquellas que han sido tocadas por esta tragedia. Que este dolor nos impulse a organizarnos, a levantar nuestras voces, y a seguir soñando con un mundo libre de violencia hacia las mujeres.
