En una reciente entrevista a la escritora Belén Gopegui, sobre su novela “Te siguen”, junto con plantear un necesario retorno a lo analógico, nos advierte acerca del control que como individuos hemos permitido se ejerza entregando nuestra privacidad a dispositivos tecnológicos, asumiendo inclusive que bajo cualquier pretexto, aún uno justiciero, se nos prive del derecho fundamental a la intimidad.
Gopegui es muy clara en cuanto a que “la supervisión no es inocente. La privacidad desaparece. Algunos derechos que antes se tenían —que nadie violara tu correspondencia o que no se escucharan tus conversaciones— hoy hay quien los considera incluso superfluos. Hasta que, de repente, en un aeropuerto te exigen el móvil, lo abren, leen tu correspondencia y deciden privarte de otros derechos en función de lo que han leído.”
La reflexión es potente y de gran lucidez intelectual y creo que abre el espacio a un debate postergado, tanto por corrección como por conveniencia (ambas políticas), por ejemplo, sobre ciertos grises del caso Hermosilla y el “tráfico de influencias” en el Poder Judicial, suceso que ha puesto en jaque a una de nuestras instituciones centrales y que ha arrastrado al fango de la sospecha a todos sus miembros.
Más allá de la opinión que se tenga sobre el abogado Hermosilla, es perturbador que ni siquiera el Colegio de Abogados reflexionara -salvo para emitir pudibundos juicios morales- sobre la peligrosa intromisión ejercida en aspectos de la vida privada de esta persona y la protección del secreto profesional de un abogado con sus clientes, aspecto que materialmente hoy se resguarda en dispositivos tecnológicos, como en el pasado lo fuera la correspondencia, y que se garantizaba inviolable.
De otra parte, no es baladí cuestionar el legítimo interés por auscultar y divulgar las apetencias íntimas del letrado por las mujeres eslavas, ni exhibir los intercambios privados de un ex fiscal que manifiesta gustoso su adhesión por la apariencia física de una candidata presidencial. En tiempos donde nuestros dispositivos tecnológicos albergan todos nuestros registros, comunicaciones, búsquedas, intereses, gustos y hasta pueden esbozar la sombra jungeana de nuestra más profunda intimidad, resulta preocupante la ligereza con que se aprueba la incautación, revisión y exhibición de sus contenidos. Parece una verdadera desviación de lo afirmado en el ensayo de la activista feminista Carol Hanisch que planteó en el ‘69 que “lo personal es político”.
El objetivo detrás de todo esto, supondría formalmente, investigar y poner atajo al “tráfico de influencias” en las designaciones de jueces y otras autoridades cuyo nombramiento depende del poder político. Extraña forma de hacerlo e ingenuo el Robespierre de turno que postule algún mérito a estos puritanos embistes contra la privacidad.
Y si el medio no justifica el fin, tampoco vemos algún fin consolidado. De momento solo se ha conseguido debilitar la imagen ciudadana de los magistrados asumiendo la corrupción judicial como algo generalizado, en circunstancias de no ser así.
Cualquier abogado con un par de lustros de ejercicio profesional habrá podido constatar carreras rigurosas y trabajadas donde, a modo de ejemplo, un juez que partió joven e inexperto en un juzgado de Chañaral, veinte años después puede consolidarse como Presidente de una Corte. Hay una carrera efectiva detrás de ese largo tránsito. Esa es la generalidad. Las excepciones son otras, derivan de casos donde el poder político interviene en las nominaciones, como es el caso de los Ministros de la Corte Suprema, el Fiscal Nacional o el Contralor General.
Sin embargo esta intervención no es nueva, viene ya desde “tiempos analógicos” y siempre existieron negociadores capaces de convocar voluntades, aunque sus gestiones y conversaciones no quedaran registradas en un smartphone, ahora abierto al escrutinio y escarnio público, como poderosa herramienta de control y sumisión para quien pueda acceder irresponsablemente a esa ajena máquina de extender la intimidad personal.
Influencias e intimidad, ya desde sus raíces etimológicas parecen primas hermanas. “Influencia” proviene del latín «influentia», que significa «flujo hacia dentro», término que sugiere un impacto o un poder que fluye de una entidad a otra. Por otro lado, “intimidad” se origina del latín «intimitas», que se relaciona con «intimus», que significa «más interno» o «más profundo». Ambas palabras comparten la noción de cercanía en diferentes formas: la influencia implica un lazo que permite el intercambio de ideas o emociones, mientras que la intimidad sugiere una conexión más profunda y personal. La pregunta, relativa a si vulnerar la intimidad so pretexto de controlar las íntimas influencias humanas es algo válidamente ético. A lo menos debiera ser razonado en el foro público.
Lo dijo la Ministra Letelier a sus pares, aunque sea una verdad incómoda, que ninguno había sido nombrado en el cargo “por obra y gracia del Espíritu Santo”. Y es que esto forma parte también de la democracia, y negarlo sería “pure hypocrisy”, en palabras de Slavoj Zizek.
Por muchos teléfonos que se revisen, el problema, si quiere ser visto como tal, pasa necesariamente porque desde cierto eslabón en la carrera profesional de los jueces el techo pasa a ser “democrático”, es decir, político y por eso extraña ver a parlamentarios rasgando vestiduras al enterarse de las gestiones que negociadores como Hermosilla y muchos otros, obtienen de ellos los dos tercios de bendición senatorial.
Vuelvo sobre las palabras de Belén Gopegui, no se puede vivir con una obsesión y, sin embargo, tampoco conviene fingir inocencia, como si no supiéramos lo que está pasando y, agregamos nosotros, como siempre ha venido pasando, en la larga noche del orden de repartos.
Por Carlo Mora, abogado
