Cuando en 2024 se anunció con bombos y platillos la adquisición de un dron para labores de seguridad en Vallenar, muchos vecinos vieron en este proyecto una señal esperanzadora. En tiempos donde la delincuencia y la sensación de inseguridad van en aumento, contar con tecnología de punta para monitorear y prevenir delitos parecía un avance significativo. Sin embargo, a un año del lanzamiento del proyecto, el dron no ha sobrevolado ni una sola calle de forma regular desde enero de este año.
La razón: no tiene los permisos de vuelo necesarios otorgados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Desde el municipio reconocen que el dron fue utilizado sin las autorizaciones reglamentarias y que, al momento del vuelo inaugural —coincidentemente cercano a las elecciones municipales de 2024—, no se cumplieron los protocolos mínimos exigidos para este tipo de operaciones. Hoy, seis meses después de vencida la documentación, recién se están tramitando los papeles necesarios para poder utilizarlo de forma legal y segura.
Esto no solo demuestra una grave negligencia administrativa, sino que evidencia una falta de planificación y profesionalismo en la ejecución de un proyecto que costó 96 millones de pesos. De ese total, 56 millones salieron directamente del presupuesto municipal, es decir, del bolsillo de todos los vallenarinos.
La seguridad pública no puede ser manejada con improvisación. Cuando se trata de prevenir delitos y proteger a la comunidad, no hay espacio para errores ni para medidas simbólicas. Es inaceptable que se haya volado un dron sin licencia, sin señalización, sin condiciones mínimas de seguridad y sin haber hecho los trámites respectivos ante la autoridad competente. Más aún, es preocupante que solo se haya iniciado el proceso de regularización cuando la DGAC advirtió formalmente al municipio de que no podía operar estos equipos sin autorización.
Este tipo de errores no solo daña la imagen institucional del municipio, también erosiona la confianza ciudadana en las políticas de seguridad local. Mientras los permisos siguen “en trámite” y se esperan nuevas resoluciones, la comuna de Vallenar sigue sin contar con una herramienta que, bien utilizada, podría estar haciendo una diferencia real en nuestros barrios.
Es de esperar que el proceso de regularización se concrete antes de Fiestas Patrias, tal como lo ha señalado el municipio. Pero más allá de eso, es urgente que las autoridades locales tomen en serio el desarrollo de políticas públicas sostenibles, bien planificadas y con apego a la normativa. De lo contrario, estaremos ante otra costosa promesa incumplida, una más de las que engrosan el historial de frustraciones ciudadanas frente a la seguridad.
Porque en la lucha contra la delincuencia no bastan las buenas intenciones: se necesita profesionalismo, responsabilidad y, por sobre todo, respeto por las reglas.
