Subsecretario de Minería y Convenio 169: “Debe haber un cambio en cómo las empresas se relacionan con el mundo indígena"

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El subsecretario de Minería -que ya cumple seis meses en el cargo- dice que la judicialización de proyectos en sí misma no es una causa para que no se concreten inversiones. También cuenta detalles sobre qué están trabajando en materia de litio.

Una serie de fotocopias de periódicos de 1953 sobresalen en la mesa de la sala de reuniones contigua a la oficina del subsecretario de Minería, Francisco Orrego. Con motivo de los 60 años de la creación del ministerio, el abogado pidió ver el registro de lo que se publicó en ese entonces. Su sorpresa fue mayor cuando observó que la noticia fue ampliamente destacada en varios matutinos de la época.

Sus seis primeros meses a cargo de esa repartición han sido de aprendizajes. Asumió luego de los problemas que enfrentó la fallida licitación del Contrato Especial de Operación del Litio (CEOL) que encabezó su predecesor, Pablo Wagner, y pese a que desde el comienzo planteó que no sería “el subsecretario del litio”, se encuentra liderando un trabajo para evaluar el futuro de una política pública al respecto (ver recuadro).

Con soltura y dominio de los temas, cuenta que lo primero a lo que dedicó tiempo fue a conocer en profundidad su sector, con el cual no tenía mayor cercanía, más allá de haber asesorado a algunos proveedores en sus relaciones contractuales con mineras. Cuenta que viene del mundo de la cátedra universitaria, la investigación para el Instituto Libertad y Desarrollo y otras labores, como un cargo directivo en el programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. Así, el primer yacimiento que visitó fue la División Andina de Codelco, y luego vinieron El Teniente, Radomiro Tomic, El Tesoro y la mina de zinc, oro y plata El Toqui en Aysén.

En paralelo, dice que uno de los temas centrales en su trabajo ha sido la aplicación del Convenio 169 en lo relativo a su relación con la minería.

-¿Como ven ustedes la aplicación del Convenio 169 en Chile?

-Es un tema complejo, que no sólo abarca a la minería. Hemos observado una mayor judicialización de los proyectos, porque cuando entró en vigencia el Convenio faltaba la normativa necesaria o la que existía no era suficiente. Pero no vemos que esa judicialización sea una causa en sí misma y esté provocando la permanencia o no de inversionistas en Chile. Es una variable más que ellos consideran a la hora de evaluar sus proyectos.

-El gobierno trabaja dos reglamentos para normar la consulta, ¿el Ministerio de Minería ha participado?

-Tanto en el reglamento de consulta del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como en la consulta para actos administrativos del Ministerio de Desarrollo Social, hemos participado activamente. Esperamos que en los próximos meses se pueda crear un marco regulatorio donde exista mayor certeza jurídica sobre la aplicación del Convenio y, así, disminuir la judicialización. En todo caso, ésta no se puede eliminar de raíz porque siempre las personas van a tener derecho de ir a la justicia si estiman que sus derechos han sido vulnerados.

-Entonces, ¿en qué ayudaría contar con estos mecanismos?

-A generar herramientas que permitan tener mayor certeza por la vía de aportar elementos para una mejor defensa de los proyectos ante la justicia. Esto debe ir acompañado de un cambio cultural respecto de cómo las empresas se hacen cargo de las realidades y complejidades del mundo indígena, para mantener un diálogo y colaboración estrecha. Muchos de los problemas que han enfrentado proyectos se podrían haber evitado si es que hubiera existido diálogo fluido y transparente.

-¿Qué rol le toca al gobierno?

-Tenemos el desafío de lograr armonía entre la minería y los pueblos originarios. Al haber pasado poco tiempo desde la aprobación del Convenio, estamos en un momento donde es natural encontrarse con desconfianzas y resistencias de compañías y comunidades. Confiamos que podrán complementarse, como se da en países como Canadá, donde la minería es el principal empleador de las comunidades. Para materializar proyectos vamos a necesitar esta relación armónica, donde unos y otros pueden coexistir y habitar, reconocer y capitalizar los beneficios del trabajo conjunto.

-¿Qué está haciendo el ministerio?

-Estamos elaborando una guía con las mejores prácticas que se deberían observar entre proyectos mineros y comunidades, con financiamiento del Banco Mundial. A través de un libro con casos de éxito, se busca identificar y sistematizar estas buenas prácticas y formular recomendaciones para el fortalecimiento del sector. Las relaciones entre indígenas y empresas no deben ser sólo durante la tramitación de un proyecto, sino que deben constituirse en el largo plazo, en la operación y el cierre de la faena.

-¿En las empresas hay conciencia de esto o es una relación puntual para obtener un permiso ambiental?

-Muchas empresas pertenecen a grupos extranjeros y traen buenas prácticas desde sus casas matrices. La industria minera no sólo está aprendiendo a convivir y cumplir con esta normativa, sino que también está dispuesta a generar relaciones de confianza. Es un facilitador de iniciativas en esta línea, como la elaboración de los mecanismos de consulta.

Sector dinámico

-En sus visitas a terreno, ¿cómo ha palpado el dinamismo de la minería?

-Sigo viendo dinamismo e interés en desarrollar y expandir los distintos proyectos. Esperamos que la minería siga con el crecimiento robusto que ha experimentado en los últimos años. Es una industria con capacidad para adaptarse a las nuevas realidades, a los mayores y crecientes estándares en materia de seguridad y medioambiente. El sector pasa por un gran momento, y la demostración clara de esto es que la confianza de los inversionistas se ha ido consolidando e incrementando en los últimos años.

-¿Cómo se evidencia esto?

-Hay diagnósticos externos que lo avalan. El estudio del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo ver la contribución que la minería hace al desarrollo del país, tanto en sus efectos sociales como económicos. Ahí se reconoce el trabajo responsable que ha existido desde hace años en el establecimiento de un marco regulatorio minero, así como se destaca el potencial de este sector como multiplicador de sus beneficios. Chile sigue gozando de una situación de privilegio y es atractivo para inversionistas, pero tenemos tareas pendientes para ayudar a materializar proyectos.

-¿Cuáles son esos retos?

-En coordinación con otros ministerios, hemos estado trabajando en recursos hídricos, energía y capital humano, entre otros temas. El gobierno presentó una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que consiste en una planificación que pretende entregar soluciones de largo plazo y evaluar alternativas para hacerse cargo de las dificultades. Esto no puede ir sino acompañado de la Estrategia Nacional de Energía, donde la idea es impulsar una serie de iniciativas legales para desarrollar proyectos de generación y transmisión.

-Ustedes participan de la Agenda de Impulso Competitivo, ¿en qué está?

-Participamos activamente en este esfuerzo que lidera Economía con dos líneas de acción: un proyecto de ley con normativas específicas para facilitar la inversión, y un paquete de gestión, como es la modificación de reglamentos y mejoras en procesos internos de los ministerios. Se pretende aumentar la eficiencia del Estado en relación con la industria, simplificar procesos y proveer información clara a inversionistas.

-Ustedes tenían cuatro medidas comprometidas, ¿han avanzado?

-El martes
26 de marzo presentamos a un grupo importante de inversionistas y empresarios del sector, la unidad de inversiones mineras, a cargo del ingeniero Juan Francisco Bustos. Con ella pretendemos profundizar el trabajo que veníamos realizando respecto al monitoreo de proyectos. Pretendemos ser un facilitador, identificando problemas recurrentes de las inversiones y también cómo abordar posibles soluciones.

-¿Qué tipo de problemas atenderán?

-De todo tipo. Algunos son complejos, como dificultades en materia de evaluación ambiental, en la obtención de derechos de aguas o en el otorgamiento de concesiones marítimas. Nosotros no somos el organismo competente para resolver cada uno de estos problemas, pero nuestra intención es servir de puente y facilitar la comunicación de los inversionistas con los distintos órganos competentes.

Pequeños y medianos

-¿Qué están haciendo con la pequeña y mediana minería?

-Tenemos un compromiso con la pequeña y mediana minería para hacerlos sectores pujantes. El gobierno ha puesto énfasis en mejorar las prácticas de seguridad de las faenas artesanales y pequeñas, así como en exigir y acompañarlos en sus procesos de regularización. Se han invertido más de US$ 30 millones desde marzo de 2010 en distintos instrumentos de fomento, asistencia técnica, equipamiento, desarrollo de capital humano y de trabajo.

-En seguridad, ustedes están tramitando un reglamento específico para la pequeña minería…

-El decreto que pretende modificar el reglamento de Seguridad Minera está en Contraloría, donde se le hicieron algunas observaciones. Esperamos que pronto pueda ver la luz.

-¿Sacar este reglamento ayudaría a reimpulsar el proyecto de ley que fue rechazado en el Congreso?

-El desafío que se planteó tras el accidente en la mina San José fue bajar las tasas de accidentes y de fatalidad. Ese propósito se ha cumplido a través de una función muy eficiente de Sernageomin. En 2012, los accidentes fatales bajaron 14%, la tasa más baja de los últimos 20 años. Esto obedece a un trabajo consistente y al aumento de la fiscalización, que en 2012 fue 50% mayor que en 2011. Para este año tenemos una meta ambiciosa: tener más de una fiscalización por faena. También hemos dado mayor capacitación. Nuestra meta en 2010 fue llegar a 2013 con 4.000 monitores de seguridad, cifra que el 2012 ya habíamos superado, alcanzando 4.192. Incluso, este año esperamos capacitar a 1.600 nuevos monitores. Lo que nos mueve es llegar al accidente cero, por eso el acento seguirá estando en crear una cultura de seguridad en la faena. Estos resultados no son sólo mérito del gobierno, sino que también de las empresas y los trabajadores. Los propósitos que había en el momento del accidente de la mina San José y la institucionalidad que se pretendía para mejorar, lo hemos logrado sin haber sacado adelante ese proyecto.

-Entiendo que no es urgente reingresar ese proyecto al Congreso…

-No, no es una prioridad.

 

 

Fuente: Qué Pasa Minería

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