Empresarios piden garantías para reiniciar proyectos y Corproa insta a propiciar diálogo

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El escenario es el siguiente: Seis proyectos de inversión en Atacama -que en su conjunto suman unos 25 mil millones de dólares- están paralizados, postergados o en situación crítica. El efecto inmediato en una de las regiones que hasta no hace mucho figuraba a la cabeza de las iniciativas de gran envergadura a nivel nacional, ha sido en el desempleo (pasó de 5,4% en el trimestre junio, julio, agosto de 2013 a un 6,9% en el mismo período de 2014). A ello se suma una sensación de incertidumbre y malestar que planea sobre todos los sectores.

El último balde de agua fría para la región llegó tras la supuesta decisión de Endesa de postergar el proyecto energético Punta Alcalde, ubicado en la zona de Huasco. Esta información, que si bien sigue siendo sólo un trascendido, generó una preocupación transversal, pues se trata de una iniciativa cuya capacidad total instalada sería de 740 MW y movilizará recursos por US$1.400 millones.

Conocida la noticia, el Intendente de Atacama, Miguel Vargas, salió al paso de esta información al declarar que la supuesta postergación de Punta Alcalde no es una decisión definitiva. De hecho, aseguró que representantes de Endesa se reunirán con prontitud con las autoridades de energía para analizar la situación.

Agregó que no es efectivo que la aún no oficial decisión de Endesa sea por la paralización de otros proyectos como por ejemplo El Morro. En sus palabras, el Gobierno ha sostenido conversaciones con representantes de ese proyecto minero (3.900 millones de dólares) quienes estarían evaluando cómo viabilizar nuevamente su continuidad.

Junto a ello, la máxima autoridad regional valoró la inversión en materia energética no convencional, donde “la propia Presidenta Bachelet ha inaugurado dos proyectos de energía fotovoltaica, que nos convierte en líder mundial en el desarrollo de energías limpias”. Paradójicamente, esta es una de las razones que tendría Endesa para frenar Punta Alcalde: el aumento de la oferta y preferencia por Energías Renovables No Convencionales (ERNC).

En esa línea, el Intendente señaló que el Gobierno Regional ha invertido en Atacama más de 317 mil millones de pesos (unos 530 millones de dólares) en lo que va del año, razón por la cual “para generar una reactivación económica efectiva, ahora es el turno que invierta el sector privado”. Cabe consignar que sólo la paralización del proyecto El Morro significan 3.900 millones de dólares, unas 7 veces más que la inversión pública señalada por la primera autoridad regional.

Empresarios piden garantías

Tras esas declaraciones, Daniel Llorente, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (Corproa), sostuvo que es una buena señal que el Gobierno comience a dar pasos para que se generen nuevamente las confianzas y las empresas vuelvan a invertir en la región. Sin embargo, “éstas declaraciones, por parte del Intendente, con quien tenemos una buena relación, no pueden ir solas. Se necesitan acciones concretas que demuestren que en realidad hay una apertura para que las inversiones retornen”, dijo el dirigente gremial.

Llorente agregó que “sin éstas acciones”, las señales para el empresariado seguirán siendo confusas. “Por una parte las autoridades nacionales dicen: ‘tenemos que acelerar el inicio de proyectos que están en regla’ y, por otro, la realidad regional indica que no se ha producido un dialogo necesario, en especial, con los sectores más radicales que en Atacama han impedido que se concreten varios millones de dólares en inversiones”.

Según el presidente de Corproa “lamentablemente estas situaciones no dan las garantías para que los empresarios vuelvan tranquilamente a la región sin el temor a actos vandálicos como hemos visto en el pasado”.

Un ejemplo de aquello, es la situación de la faenadora de cerdos que Agrosuper instaló en Freirina (800 millones de dólares) y que está detenida por decisión de la empresa. Esto luego que tras diversos episodios críticos de malos olores que derivaron en violentas protestas y ataques a las instalaciones la planta dejara de funcionar hace casi dos años. La empresa ha dicho que está dispuesta a volver corrigiendo las fallas que originaron las pestilencias. Sin embargo, esa posibilidad está supeditada a que existan las garantías para poder retomar el trabajo.

“La inversión necesita un clima favorable en relación a reglas claras y confianza en un sistema. No olvidemos que son miles de millones y de largo plazo. Hoy existe un alto nivel de incertidumbre provocado por las grandes reformas en la que está enfocado el Gobierno. Ellas son necesarias, pero nos parece que todas al mismo tiempo y con el carácter refundacional que se les ha dado se ha provocado un daño importante a la necesaria confianza para invertir”, agregó el presidente de Corproa.

Finalmente advirtió que “además de los extensos y costosos trámites que deben cumplir los proyectos para lograr los permisos, una vez que estos son otorgados aparecen las demandas que llevan a la judicialización de las iniciativas, provocando mayores costos y retrasos que en algunos casos han hecho perder el ‘momentum’ del negocio”.

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