Crisis de la institucionalidad política, legitimidad y nueva Constitución

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POR Tomás Eduardo Garay Pérez, Abogado

Un año ha transcurrido desde que una serie de manifestaciones movilizaron a millones de chilenos/as, dando lugar a un fenómeno social que puso en evidencia la desafección que siente gran parte de la población con la institucionalidad política vigente. Asimismo, dicho movimiento tuvo la virtud de colocar en el centro de la discusión pública, entre otros temas, el rechazo a la mercantilización de nuestras vidas fruto de la implantación del modelo económico neoliberal, junto con desnudar las tensiones sociales provocadas por una pésima distribución de las riquezas, denunciando la poca voluntad de los gobiernos post dictadura por introducir reformas significativas que tendieran a poner atajo a la vorágine neoliberal, al transformarse, en los hechos, en meros administradores del modelo. En tal sentido, la frase “no son 30 pesos, son 30 años” resume magistralmente la magnitud del descontento social.

A propósito de aquello, múltiples politólogos y académicos han destinado gran parte de su tiempo a tratar de desentrañar y comprender las causas que dieron lugar a este estallido social, mientras que los sectores más conservadores de la sociedad han puesto énfasis en los hechos de violencia que se han suscitado, tratando, por consiguiente, de minimizar el alcance y el sentido de la movilización social.

Así, la mayoría de los análisis coinciden en que el origen del cuestionamiento a la institucionalidad tiene su origen en la falta de legitimidad que afecta al poder político, existiendo, de este modo, una evidente disonancia entre lo social y lo institucional (Luna, 2019).

Siguiendo tal premisa, en las siguientes líneas esbozaré algunas ideas sobre dos aspectos que, a mi parecer, resultan relevantes para comprender el porqué del problema, siendo estos, a saber: a) el origen espurio de la Constitución de 1980, y b) el divorcio entre ciudadanía y la clase política.

Respecto de la Constitución de 1980, podemos señalar que, atendiendo su origen, se trata de un texto otorgado al haber concurrido en su elaboración exclusivamente la voluntad de quien detentaba –por la fuerza- el poder.

Tal dato no resulta baladí; la falta de reconocimiento social al texto constitucional vigente y, por ende, a toda la institucionalidad que en ella se sustenta, se debe –probablemente- a que gran parte de la población no se siente identificada con su contenido (no le hace sentido), al no haber sido tal texto el resultado de la deliberación democrática; por el contrario, la Constitución del ’80 padece de dos graves problemas en su origen que la restan legitimidad: por una parte, es el resultado de la destrucción del orden constitucional vigente a septiembre de 1973 y, por otra parte, en su redacción no participó el pueblo (soberano), siendo capturado el ejercicio del poder constituyente por la Junta de Gobierno, que redactó y aprobó un texto que tuvo como base los anteproyectos de la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado, para someterlo posteriormente a ratificación mediante un dudoso plebiscito.

En consecuencia, la falta de legitimidad que afecta a todo el entramado institucional que se sustenta en la Constitución de 1980 se debería a que, tal como lo indica Bello (2020), no existe una identificación por parte de sus destinatarios con sus actuaciones y su contenido normativo y, por tanto, no existe la convicción para aceptar como propias las decisiones que son de otros.

Por otra parte, el movimiento social del último año ha puesto de manifiesto el divorcio existente entre el grueso de la población y las élites políticas.

Producto de sus desaciertos, incoherencias, malas prácticas y promesas incumplidas, la clase política fue distanciándose del pueblo/ciudadanía (catalóguese depende del prisma desde que mire), haciendo caso omiso a las señales que varios actores sociales le fueron dando en las últimas décadas, y que han puesto en el centro de la discusión y de sus demandas el rechazo a la idea que todos los aspectos de la vida deban transarse en el mercado (Moulian, 1997). Es más, amplios sectores del progresismo han tenido claridad al momento de elaborar el diagnóstico, pero han sido incapaces de incidir efectivamente en la elaboración y ejecución de políticas públicas, terminando, muchas veces, presa de la, a estas alturas, despreciada “política de los acuerdos”.

De este modo, se han profundizado las distancias entre actores que resultan claves para el fortalecimiento de toda democracia: pueblo/ciudadanía y partidos políticos. Y la fisura ha sido tan profunda que ni siquiera organizaciones políticas nuevas, surgidas muchas de ellas al alero del movimiento estudiantil, se han salvado del reproche colectivo, al ser sindicadas –tal vez de forma injustificada- como una expresión millenials con olor a café Starbucks del viejo orden político que tanto rechazo y desconfianza provoca. Por ende, pareciera ser que todo intento por tratar de recomponer el vínculo entre dichos actores será infructuoso mientras no se lleve a cabo una transformación radical del sistema político vigente.

En definitiva, la actual crisis social y política tendría su origen en la falta de legitimidad que afecta al entramado jurídico y político; de allí que exista tanta rabia y desconfianza con la institucionalidad vigente. Por tanto, el proceso constituyente en curso se nos presenta como una oportunidad que permitirá dotar de legitimidad a la institucionalidad que de ella nazca; sin embargo, esta relegitimación se logrará siempre y cuando se generen los espacios suficientes para que, en la redacción de la nueva Constitución, se promuevan efectivamente los espacios de participación y deliberación ciudadana para evitar, en consecuencia, la cooptación del proceso por el viejo orden que se niega –aún- a morir.

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