En plena investigación por parte del Ministerio Público se encuentra un funcionario de la Tesorería General de la República, que habría realizado egresos millonarios a un familiar y un amigo, por más de $100 millones de pesos mientras se desempeñaba como trabajador de la Tesorería Provincial de Vallenar.
Los hechos se remontan entre 2021 y 2023, luego que el funcionario identificado con las iniciales S.G.M que se desempeñaba en dicha repartición pública realizara 13 egresos de forma irregular entre diciembre de 2021 y marzo de 2023, transfiriendo montos asociados a dos cuentas corrientes, una de ellas correspondiente a un familiar, y la otra perteneciente a una persona a quien lo une un lazo de amistad, por un monto total de $107.616.750.
Durante la investigación, se logró comprobar que, durante el periodo en que se desempeñó como Jefe de Operaciones de la Tesorería Provincial de Vallenar, en un periodo determinado de tiempo realizó 13 egresos de forma irregular.
En este contexto, el funcionario ingresó al Sistema Automatizado de Egresos (SAE) que posee el ente público, efectuando la tarea de analizar/ingresar, que corresponde a la persona que se desempeña en la función de Analista de Operaciones y al mismo tiempo procedió a la aprobación de los egresos en su calidad de jefe de Operaciones, tanto respecto de devoluciones de bienes raíces como de egresos fiscales.
En marzo de 2023 ingresó y aprobó en el SAE devoluciones de bienes raíces el egreso correspondiente a un determinado rol, por un saldo acreedor de $9.493.363 lo que significó que fueran transferidos desde la cuenta única fiscal $9.489.213 hacia la cuenta corriente de un familiar del acusado. Asimismo, efectuó otros doce egresos irregulares en favor de su amigo en su cuenta corriente.
Esta conducta ocasionó un perjuicio fiscal relevante, es decir, una disminución o desmedro en el erario nacional; infringiendo además gravemente el principio de probidad administrativa que ordena el desempeño de la función pública.
Ante esta situación, al advertir la existencia de hechos que revestirían caracteres de delito, se procedió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público. Luego de eso, se dispuso la suspensión preventiva de S.G.M de sus labores.
Cabe destacar, que el funcionario se desempeñó como jefatura de la Sección de Operaciones de la Tesorería Provincial de Vallenar, desde agosto de 2018 hasta el diciembre de 2023, siendo posteriormente trasladado a la Tesorería Regional de Coquimbo.
La resolución de la investigación sumarial contra S.G.M, determinó su destitución.
Consultada la Tesorería General de la República, respecto a la situación, a través de su área de comunicaciones señalaron que “actualmente (el funcionario) está suspendido, a la espera de los resultados del sumario que se encuentra en la Contraloría General de la República”.
Respecto de estos hechos, desde la Fiscalía de Atacama se indicó que la Fiscalía Local de Vallenar recibió la denuncia, luego de lo cual se abrió una causa para indagar lo ocurrido. A partir de ello, se comenzó con la función indagatoria y el Ministerio Público ordenó diligencias investigativas a personal de la Bridec de la PDI las que se encuentran en plena ejecución. Actualmente dicha causa está vigente.
CONGRESO
La situación llegó hasta el Congreso, donde el diputado Juan Santana solicitó en mayo de este año, mediante un oficio al ministro de Hacienda, Mario Marcel, “saber el estado actual del sumario administrativo cursado al funcionario S.G.M. quien en el año 2023 se desempeñaba dentro de la Tesorería Regional de Coquimbo tras ser trasladado desde la comuna de Vallenar, lugar en el que ocupaba el cargo de Jefe de Operaciones de la Tesorería Provincial, cuando se dio inicio a esta medida. Al respecto decir que el funcionario se encuentra suspendido de sus funciones desde junio de dicho año, sin tener información hasta ahora de los resultados del mismo”.
El diputado comentó a este medio que, “es importante que la investigación que se lleva a cabo en los sumarios administrativos pueda realizarse con prontitud. Sobre todo, en el caso de quien es apartado de sus funciones, tanto para el buen funcionamiento del servicio público como para la persona investigada, lo que se necesita es que no haya una demora al respecto. Es preocupante que puedan pasar años sin que exista una respuesta acerca del estado de estos procedimientos. Sobre todo, considerando que, en uso de nuestras facultades fiscalizadoras, oficiamos hace meses a la institución correspondiente, sin recibir respuesta hasta la fecha”.
