Independiente del resultado que arrojen las urnas este domingo, podemos estar seguros de al menos una cosa, el gran ganador será el discurso de la “inseguridad”. En una de las campañas, con discusiones y propuestas de la mayor pobreza intelectual desde el retorno a la democracia, el debate sobre la seguridad se llevó por delante a todo el resto de las discusiones y lo que resulta aún más relevante, centró las soluciones de todos los candidatos-exceptuando a los testimoniales de turno- en cuestiones tales como el “combate” a la delincuencia favoreciendo rancias propuestas de mano dura, odio a inmigrantes, expulsiones express, cárceles en el desierto, barcos cárceles, armar a los municipales, incrementar el gasto en seguridad (al mismo tiempo que se plantea reducir el gasto público) y hasta la importación del irracional eslogan “cárcel o bala”, que fue utilizado hasta hace poco por un diputado en Argentina- el que paradójicamente terminó bajado al revelarse que era financiado por un narcotraficante.
Y es que en este mundo de paradojas, los candidatos presidenciales cumplieron perfectamente la consigna de colocar a la delincuencia (se incluye la migración en el paquete) como el principal problema país, a pesar de la realidad estadística objetiva. Ya en marzo figuramos como el país más preocupado por la seguridad en el mundo y hace pocos días desde Paz Ciudadana advirtieron que lo seguimos siendo a pesar de estar lejos de ser el país que tenga el mayor problema por el crimen y la violencia, si lo comparamos con Latinoamérica y el resto del mundo. Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan (Ipsos de octubre). Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
Cómo explicar entonces los datos con el relato sino por el éxito del discurso de una derecha convencida y eficaz y una muy mala política comunicacional por parte del Gobierno. En este caso el dato no mató al relato muy bien instalado por una oposición que barrió con la política comunicacional de un gobierno que desaprovechó el aparato estatal a plena disposición para comunicar realidades y perdió la oportunidad de dirigir el debate público y reconducirlo a un destino más razonable.
Quienes esperaban que la discusión sobre el crimen organizado y el narcotráfico, al finalizar un gobierno socialdemócrata, progresista y joven, planteara una mirada distinta al fenómeno, como pudo ser una discusión sobre una nueva política sobre legalización y regulación de las drogas o un sistema carcelario centrado en la rehabilitación antes que insistir en el actual agujero de despojos humanos en que está convertido el sistema penitenciario, pueden sentirse razonablemente decepcionados.
En cambio, hemos terminado con un debate país centrado en la necesidad de vigilar y castigar, expulsar al otro, sembrar desconfianzas en el sistema de justicia, en fiscales, jueces y hasta en los derechos humanos (plebiscitables) para ofrecer en cambio la estrategia medioeval pero no por eso menos popular de ofertar el latigazo y el garrote.
Pero siendo objetivos, la derrota del debate público no es solo responsabilidad del Ministerio a cargo de las comunicaciones, sino que obedece también a una prematura abdicación por parte del Gobierno de plantear un discurso de políticas humanitarias básicas y propias de la socialdemocracia, ello tras el pánico desatado por el rechazo al primer proceso constitucional, abrazando desesperadamente un discurso impropio, del combate a la delincuencia con herramientas centradas en la represión.
Será la gran deuda del actual gobierno, a pesar de las 69 leyes de seguridad, el flamante Ministerio de Seguridad, el plan calles sin violencia, más de 80 mil millones para el Plan contra el crimen organizado, que incluyó recursos para la renovación del parque vehicular de Carabineros y la Policía de Investigaciones, y la UCE. Nada ha logrado doblegar el discurso hegemónico de que vivimos en un país mezcla de narcocorrido y spaghetti western. Es lo que se obtiene cuando se adoptan como propias las consignas del otro y se sacrifican las convicciones propias para satisfacer una realidad alterada por propagandas dictadas detrás de un vidrio.
Por Carlo Mora, abogado
