El Colegio Médico Regional Atacama expresó su preocupación ante el recorte presupuestario anunciado para los hospitales públicos del país, advirtiendo que la medida podría agravar las dificultades estructurales que actualmente enfrenta la red asistencial de la región.
A través de una declaración pública, el gremio sostuvo que numerosos establecimientos hospitalarios terminan cada año con importantes déficits financieros, iniciando nuevos períodos bajo presión económica y con deudas acumuladas. En ese contexto, señalaron que una nueva disminución de recursos podría afectar tanto la gestión clínica como administrativa de los recintos hospitalarios.
El organismo también manifestó inquietud por el posible impacto que la reducción presupuestaria podría generar en proyectos de inversión, mantención y reposición de equipamiento médico, elementos que calificaron como esenciales para asegurar una atención segura y oportuna para la población.
Asimismo, el Colegio Médico advirtió que las consecuencias podrían reflejarse en áreas sensibles del sistema sanitario, como el aumento de listas de espera, las dificultades para fortalecer la capacidad resolutiva frente a la alerta oncológica vigente y el debilitamiento de la Atención Primaria de Salud, que históricamente ha operado con recursos limitados.
En la declaración también se destacó la presión que enfrentarán los equipos de salud, quienes deberán responder a una demanda creciente con menores recursos disponibles. Particular preocupación existe respecto a la situación del Hospital Regional de Copiapó y del Hospital Provincial del Huasco en Vallenar, cuyos funcionamientos dependen —según indicaron— de un financiamiento adecuado para garantizar continuidad asistencial, pago de servicios y atención a los pacientes.
Finalmente, el Colegio Médico Regional Atacama hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Gobierno a transparentar los alcances concretos de estas medidas y explicar cómo se resguardará la calidad y continuidad de la atención sanitaria en la región. “La salud pública constituye un derecho esencial para la ciudadanía y requiere políticas de financiamiento estables, responsables y acordes a las necesidades reales de la población”, concluye el documento.
