Vallenar es la segunda comuna a nivel nacional con peor cumplimiento de la Ley de Transparencia

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Farmacias populares, áreas verdes o más seguridad. El abanico de propuestas que por estos días satura la campaña electoral es amplio y, como siempre, repleto de promesas.

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Sin embargo, más allá de los habituales ofrecimientos, cuesta encontrar candidaturas que en sus proyectos comunales prioricen la transparencia en sus programas.

Y cuando falta solo un par de semanas para la elección de alcaldes y concejales, el Consejo para la Transparencia (CPLT) publicó su última fiscalización a las administraciones comunales.

La inspección revela que, en relación con la transparencia activa, aquella información que por ley los municipios deben hacer pública, las comunas solo alcanzaron un cumplimiento promedio de un 76,9%.

Y si bien la cifra duplica al resultado alcanzado por las comunas hace cuatro años (ver infografía), todavía hay municipios que están en deuda con la normativa.

“Los municipios son, por esencia, la puerta que tienen los ciudadanos para acceder a los beneficios sociales más relevantes en su vida cotidiana (…) además, son el nexo más directo entre el Estado y la ciudadanía y, por tanto, consideramos que es fundamental que las personas conozcan los niveles de cumplimiento de transparencia y acceso a la información de sus municipalidades y adopten una decisión electoral de manera informada”, explica el presidente del CPLT, José Luis Santa María.

Así, entre las comunas con peores resultados están Empedrado, en la Región del Maule; Vallenar, en la Región de Atacama, y Chanco, también en el Maule. Todos estos municipios lograron un cumplimiento que ni siquiera alcanza un 30% y, de hecho, las dos primeras registraron un retroceso en comparación con la medición de 2015.

En la vereda opuesta están las administraciones comunales con mejor rendimiento en esta fiscalización: Hualpén, Vilcún y Recoleta.

Acceso a la información

Entre los ítems peor evaluados, tras esta fiscalización del CPLT se encuentran aquellos relacionados con el presupuesto comunal, mecanismos de participación y actos con efectos sobre terceros.

El primero tiene relación con la gestión financiera, mientras que el segundo está ligado a autorizaciones, permisos o concesiones emanadas desde el municipio. El tercer ítem, en tanto, está relacionado con los mecanismos establecidos en la Ley 20.500, tales como las consultas públicas o los consejos de la sociedad civil.

“Varios municipios no publican sus deudas en materia de salud y educación, ni tampoco sus estados financieros, lo que impide a los vecinos saber cómo se han ido cumpliendo los programas propuestos por sus alcaldes”, agrega Santa María.

La fiscalización del CPLT también consideró el acceso a la información que presentan las comunas. Para ello, el organismo realizó una petición incógnita para medir la respuesta de los municipios.

De las 345 comunas consultadas, 307 respondieron y 38 no contestaron. Entre ellas, además, tres se negaron a entregar información: Valparaíso, San Vicente y Antofagasta.

Fuente: El Mercurio

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